Impunidad es la palabra que marca los actos de esta semana en conmemoración de la muerte del comunero Álex Lemún, concepto que los mapuches temen se repita también en la sentencia del asesino de Matías Catrileo, la que se podría conocer en los próximos días.
El Congreso uruguayo ha aprobado en la madrugada de hoy una ley que representa un importante paso hacia la justicia para las numerosas víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Nuevamente se postergó en la Corte Suprema la revisión en última instancia del caso del asesino del joven mapuche Matías Catrileo, el suboficial de Carabineros Walter Ramírez Espinoza, quien hoy está en libertad y trabajando en la Dirección de Comunicaciones de la institución en la región de Coyhaique, con asignación de zona.
Cuando un jurado de Jamaica absolvió en junio a un religioso de sus cargos por violación, hubo quienes, indignados, se vieron obligados a admitir que las normas culturales parecen promover el abuso sexual de las adolescentes.
Las autoridades venezolanas deben abordar la cultura de impunidad existente en el seno de las fuerzas de seguridad del país, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, tras el homicidio el pasado fin de semana del séptimo miembro de una familia a manos aparentemente de la policía.
En un artículo reciente Vivian Lavín discute la persecución en contra de Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Indica una verdad que el Estado chileno esconde y cuyas bases manipula para mantener la represión contra el pueblo Mapuche. Los juicios basados en montaje han seguido y Chile aparece a nivel mundial como la antítesis de una verdadera justicia. Los múltiples artículos y vídeos que existen en los medios alternativos son evidencia de que la justicia en Chile debe ser respetada y que una nueva Constitución es fundamental para pretender que somos un país democrático.
Joan Jara, viuda de Víctor Jara, afirmó en conferencia de prensa, que cambios en la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), perjudican avances en verdad y justicia.
EN DESARROLLO: La fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedrals, presentó el pasado lunes 24 de enero 726 querellas ante el ministro Mario Carroza, para que investigue lo casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 y respecto de las cuáles no había ningún tipo de acción judicial. Dentro de la nómina, se encuentra el del ex presidente de la República, Salvador Allende.
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