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Sr. Secretario, Sr. Gobernador, Sra. Fiscal General, Señor Embajador, Me dirijo a Usted a fin de expresarle mi profunda preocupación por los estudiantes que sufrieron tortura y malos tratos a manos de la policía estatal y federal durante una protesta en el estado de Guerrero, México, que van a presentar una denuncia ante la procuraduría federal y estatal. Se teme que esa denuncia pueda hacerles objeto de represalias. El 12 de diciembre de 2011, dos estudiantes murieron por disparos y el empleado de una gasolinera murió por quemaduras cuando la policía abrió fuego contra estudiantes desarmados que se manifestaban en la capital del estado, Chilpancingo. Otras 14 personas resultaron heridas, y se practicaron 24 detenciones. Según las declaraciones de testigos y los testimonios gráficos y médicos, al menos 14 de los estudiantes detenidos recibieron golpes y patadas de la policía federal y la policía judicial del estado. Además, uno de los detenidos, Gerardo Torres Pérez, fue aparentemente torturado por la policía judicial del estado para obligarlo a implicarse falsamente en los disparos contra los estudiantes. Todos los detenidos quedaron en libertad al día siguiente. El 19 de enero, varios de los estudiantes y sus abogados de derechos humanos presentarán ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero denuncias criminales por los malos tratos sufridos. Gerardo Torres Pérez presentará asimismo ante la PGJE una denuncia de tortura contra la policía judicial del estado. Amnistía Internacional teme que los estudiantes sufran intimidación o amenazas tras la presentación de las denuncias, ya que, a menudo, las víctimas y los testigos desisten de buscar justicia en México a causa de las amenazas y las intimidaciones. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo gubernamental de defensa de los derechos humanos, ha hecho públicas las conclusiones preliminares de su investigación sobre la operación policial, y ha concluido que la policía federal y la estatal hicieron uso de fuerza excesiva e injustificada durante la protesta. La CNDH ha señalado que la policía judicial del estado fue responsable de disparar deliberadamente a estudiantes y de torturar a Gerardo Torres Pérez. La CNDH también ha concluido que la policía federal y la estatal fueron responsables de los malos tratos a los detenidos durante su detención y mientras estuvieron bajo custodia. Varios agentes de la policía estatal han sido puestos bajo detención administrativa (arraigo), pero hasta ahora no se ha acusado a ningún agente de la policía estatal ni federal en relación con las violaciones de derechos humanos. La CNDH ha ordenado medidas de protección para las víctimas. Por todo lo expuesto expreso mi preocupación por la seguridad de las víctimas que han presentado una denuncia por tortura y malos tratos, y pidiendo a las autoridades que garanticen dicha seguridad, de conformidad con los deseos de las propias víctimas, para que puedan continuar con los procedimientos judiciales sin temor a represalias; Por último insto a que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la violenta operación del 12 de diciembre; dicha investigación debe contar con la plena cooperación de la policía federal, estatal y municipal, y debe garantizar que los responsables comparecen ante la justicia. Atentamente,