Egipto: Urge aplicar las recomendaciones de la ONU para acabar con los abusos en nombre de la seguridad

Martes 9 de March de 2010

Investigación de Abusos

Amnistía Internacional insta al gobierno egipcio a adoptar medidas de inmediato para aplicar las recomendaciones del relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, quien ha informado hoy al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre su visita a Egipto en abril de 2009.

El relator especial examina en su informe la legislación y la práctica antiterroristas en Egipto, sumando casos al volumen creciente de documentación sobre violaciones de derechos humanos cometidas en Egipto en nombre de la lucha contra el terrorismo, y subraya la importancia de que prosiga el escrutinio por parte del Consejo de Derechos Humanos y sus expertos independientes.

Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos internacionales y nacionales documentan desde hace mucho tiempo las violaciones de derechos humanos sistemáticas cometidas por las autoridades egipcias en nombre de la seguridad y de la lucha contra el terrorismo, como detenciones arbitrarias, reclusión prolongada sin juicio o tortura y otros malos tratos por parte de los funcionarios de seguridad, en particular del Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado (SSI), así como juicios sin las debidas garantías ante tribunales militares y de excepción.

Tales abusos se han consolidado debido al estado de excepción, en vigor de manera ininterrumpida desde hace 29 años.

De acuerdo con la Ley del Estado de Excepción, los agentes del SSI tienen amplias atribuciones para detener y poner bajo custodia a personas que consideren que representan una amenaza para la seguridad o el orden público o que sean sospechosas de participar en actos terroristas, y hacen uso de esas atribuciones incluso para practicar detenciones masivas. En algunos casos se ha detenido, amenazado y sometido a abusos a familiares de los sospechosos. Además, algunos detenidos han sido objeto de desaparición forzada durante meses, tiempo en el que aseguraron que los habían torturado o sometido a otros malos tratos en detención secreta o en régimen de incomunicación para obligarlos a firmar “confesiones” que más tarde serían utilizadas para condenarlos en juicios sin las debidas garantías.

En su informe, el relator especial criticaba en particular la amplia capacidad discrecional concedida al SSI, y comentaba que “en la práctica los agentes del SSI tienen carta blanca para decidir a quién detenían”.

En la actualidad sigue sin saberse con exactitud cuántas personas están en detención administrativa sin cargos ni juicio en aplicación de la Ley del Estado de Excepción por orden del ministro del Interior, ya que las autoridades se niegan a revelar esta información, pero podrían ser varios miles. Algunas llevan años sin interrupción privadas de libertad en virtud de sucesivas órdenes de detención aunque el tribunal haya dictado orden de liberarlas.

En su informe, el relator especial insta al gobierno a abolir “las disposiciones legales que permiten la detención administrativa, a adoptar medidas eficaces para que todas las personas sometidas en la actualidad a ese régimen de detención sean liberadas o juzgadas” y “a interrumpir la renovación de la orden de detención administrativa contra una persona cuando un tribunal haya dictado orden de liberarla”.

La práctica de la detención administrativa, dirigida a detener a críticos pacíficos del gobierno así como a personas que se consideran peligrosas para la seguridad, se ha extendido en los últimos años. En respuesta al relator especial, las autoridades egipcias han vuelto a afirmar hoy que la Ley del Estado de Excepción se utiliza principalmente para combatir el terrorismo y el tráfico de drogas, pero lo cierto es que también se utiliza para detener a autores de blogs y a otros críticos pacíficos. Últimamente, tras el examen periódico universal del historial de derechos humanos de Egipto, las autoridades de este país rechazaron la recomendación de “liberar a los activistas y autores de blogs actualmente detenidos en aplicación de la Ley del Estado de Excepción” y poner fin a la “detención y reclusión de activistas políticos”.

Mohamed El Skarkawi, en detención administrativa, lleva recluido de manera ininterrumpida desde mayo de 1995 a pesar de que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria emitió una resolución en mayo de 2007 en la que opinaba que su detención era arbitraria.

Al término del proceso de examen periódico universal, el 19 de febrero, las autoridades egipcias se comprometieron a aplicar algunas recomendaciones, entre ellas la de “seguir ampliando la cooperación con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.

Semejante compromiso es de agradecer, sobre todo si se traduce no sólo en la autorización de visitas de expertos de derechos humanos de la ONU, sino también en la aplicación de sus recomendaciones.