Especialistas acusan criminalización del gobierno a las demandas ciudadanas

El silenciamiento de algunas radios comunitarias en diversas regiones del país, la criminalización de las protestas y los movimientos ciudadanos, así como la constante represión hacia grupos sociales y étnicos y sus demandas, fueron algunos de los temas que se analizaron en la jornada.La mirada al panorama nacional estuvo a cargo de expertos en diversos ámbitos de las comunicaciones, mientras que el análisis del contexto internacional lo realizó la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero.

Frente al proyecto patrocinado por el gobierno, que busca regular las movilizaciones sociales en Chile y sanciona con penas civiles a quienes convoquen movilizaciones en las que se produzcan incidentes y a los medios que las difundan, los expertos consideran que se con esta iniciativa se criminaliza a los grupos y sus demandas legales.

El abogado y académico del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Domingo Lovera, comparó la actual postura de la administración de la Presidenta Bachelet a la que tuvo el ministro del Interior de la dictadura, Sergio Onofre Jarpa, cuando llamó a la población a combatir las movilizaciones con armas, si era necesario.

“Cuando se le consulta cuál es su posición como ministro del Interior frente a las protestas, dijo que la gente puede hacerlo a condición de que lo haga pacíficamente y que los organizadores sean responsables. Este es el mismo estándar que se utiliza en el proyecto de ley presentado por el gobierno que busca responsabilizarlos civilmente por los daños que ocurran. Es exactamente lo mismo, se le endosan responsabilidades por el orden público a los manifestantes, siendo que esta es tarea del Estado, es el Estado el que debe cuidar el orden público y debe cuidar tanto a los manifestantes como a quienes están presenciando la movilización”, aseguró.

Para el presidente de ONG’s Acción, Álvaro Ramis, esta constante represión corresponde a una política gubernamental impulsada por personeros como el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y quien lo antecedió en el cargo, Felipe Harboe, quienes muestran una actitud de hostilidad y restricciones hacia la ciudadanía.

“Ese sector del gobierno tiene una clara posición restrictiva a las libertades ciudadanas y a los derechos de libertad expresión. El gobierno lleva adelante una agenda con restricciones y que hace suponer que este es un primer paso que hará que cualquier tipo de manifestación social sea inviable y fuertemente reprimida”, aseveró.

Según la relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, en América Latina hay una constante de los gobiernos, que se amparan en el derecho penal a través de legislaciones ambiguas y amplias, que utilizan para criminalizar las manifestaciones públicas.

Botero aseguró que las leyes no están hechas para criminalizar a nadie, pero que hoy, cualquier persona que diga algo en contra del Ejército, los emblemas religiosos, patrios o contra el mismo Estado es procesado bajo el argumento de leyes penales, como cláusulas que protegen la Seguridad Nacional y que, q su juicio, deben desaparecer.

“El llamado es a que reconozcamos esos estándares y que la libertad de expresión protege, sobre todo, a los críticos del gobierno, no está hecha para proteger a los amigos de quien tiene poder, sino para los enemigos de quien tiene poder, que es quien puede ordenarlas en cualquier forma directa o indirecta de censura. Esos estándares hay que reconocerlos, porque costaron muchas vidas humanas, aunque no es fácil porque hay presiones muy agudas en esto”, expresó

La relatora de la OEA puso a Uruguay como ejemplo de un país que cambió su completamente su legislación para garantizar la libertad de expresión y el derecho ciudadano a manifestar sus inquietudes y demandas públicamente.
Sin embargo, para Paulina Acevedo, periodista del Observatorio Ciudadano, Chile está muy lejos de garantizar la libertad absoluta a las personas.

“Somos el país que está más lejos en muchas materias, y en la de democratizar los espectros somos los más atrasados en la región. Aquí señalamos con el dedo el cierre de una radioemisora por parte de Venezuela, pero no somos capaces de señalar con el mismo dedo el cierre de medios comunitarios. Si uno dice defender la libertad de expresión debe defenderla tanto dentro como fuera de sus fronteras”, afirmó.

Los especialistas llamaron a las autoridades a legislar con altura de miras, buscando entender el fenómeno de las demandas ciudadanas como una fuerte muestra del descontento frente al estado actual de la sociedad.