Amnistía Internacional manifiesta preocupación por las declaraciones hechas desde que entró el nuevo gobierno.
El día 29 de julio, en declaraciones a la prensa, el ministro de Defensa, Daniel Mora, consideró que el Perú debe llegar a una “solución de punto final y reconciliación”, refiriéndose al conflicto armado interno por el que atravesó el Perú, y así poner fin a procesos judiciales tanto contra miembros de las fuerzas armadas como de la policía acusados de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos durante esa época.
Por otra parte, el día 21 de septiembre durante un debate parlamentario, indicó estar convencido de que las organizaciones no gubernamentales quieren ‘[hacer] desaparecer las fuerzas armadas’, menoscabando así el trabajo y aporte de estas organizaciones que durante años han defendido los derechos humanos y luchado contra la impunidad.
Durante la última década el Estado peruano ha enfrentado el gran desafió de romper el círculo vicioso de la impunidad y construir un Estado de derecho que garantice el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación por dos décadas de graves violaciones a los derechos humanos.
Las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos del Perú han contribuido profundamente a la construcción de este nuevo Estado y es imperante que prevalezca el respeto a la legítima labor crítica y constructiva que dichas organizaciones siguen realizando.
Amnistía Internacional llama al gobierno del Perú a asegurar que esta nueva administración priorice la protección y promoción de los derechos humanos con miras a continuar avanzando hacia la consolidación del Estado de derecho.
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