Persistir en la lucha contra la impunidad

Amnistía Internacional reconoce que es un paso significativo para terminar con la impunidad pero insiste que es importante que se continúe persistiendo, que se investiguen los hechos y se lleve a la justicia a los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos. El mero reconocimiento público de los delitos cometidos en el pasado es insuficiente si no va acompañado de un esfuerzo concertado.

El hecho de que, de acuerdo a fuentes judiciales, de los 120 ex agentes encausados, sesenta nunca fueron procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, es preocupante: Este hecho revela la lentitud de las investigaciones en los crímenes cometidos en las llamadas operaciones Colombo, Cóndor y los episodios conocidos como Calle Conferencia I y II La Operación Cóndor fue la coordinación entre los gobiernos militares del Cono Sur –Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay– para eliminar a sus "opositores" en los años 70 y 80. Este plan conllevó graves violaciones de Derechos Humanos, entre otras ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada de miles de personas. Muchos responsables de estos delitos aún no han sido identificados ni han comparecido ante la justicia. Ni las víctimas ni los sobrevivientes ni los familiares han visto respetado su derecho a conocer la verdad y obtener reparaciones.

Amnistía Internacional pide que se investigue a todos los que planearon, participaron o consintieron violaciones de Derechos Humanos, cualquiera que haya sido el cargo oficial que los presuntos responsables hubieran podido ostentar y que se continúe apoyando activamente la labor de los magistrados a cargo de dichos procesos para que lleven a buen término sus cometidos.. 

Información complementaria

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas fue adoptada en 2006. Sólo se necesitan seis ratificaciones más para que entre en vigor y conceda a aquellos que buscan a sus seres queridos un apoyo muy necesario.

La Convención obliga a los Estados a garantizar que las desapariciones forzadas serán tipificadas en su legislación penal, a proteger a los testigos y a responsabilizar legalmente a toda persona implicada en una desaparición forzada. Reconoce el derecho de las familias a conocer la verdad y a obtener reparaciones. Exige a los Estados que impidan las desapariciones. La Convención también reclama a los Estados que persigan a los presuntos responsables que se encuentren en su territorio, sin importar el lugar en el que hayan cometido el delito, o que los extraditen a otro Estado o los entreguen a una Corte Penal Internacional.