Presentan informe sobre Derechos Humanos y migración en Chile

Chile es un país que producto a la estabilidad económica y política que proyecta internacionalmente, surge como destino atractivo para los migrantes.

Estos flujos migratorios suponen un reto para el Estado chileno; sin embargo, a pesar de los compromisos adquiridos por Chile en numerosas convenciones internacionales en materia migratoria, hasta el día de hoy, no ha abordado este fenómeno desde una visión integral que garantice el pleno ejercicio de los derechos de las personas que se desplazan y atraviesan fronteras en busca de nuevas o mejores oportunidades.

Con el propósito de visibilizar los obstáculos que deben enfrentar las personas migrantes en el país de arribo y de hacer recomendaciones para contribuir a avanzar en dar respuesta a estas situaciones, el Observatorio Ciudadano y Amnistía Internacional presentan el informe: “Los Derechos Humanos y la Migración en Chile. Desafíos y oportunidades para una convivencia intercultural”.

La migración actual en Chile está marcada por la presencia de un alto porcentaje de migrantes provenientes de la región. La mayoría de las personas que llegan a Chile lo hacen con el propósito de buscar nuevas oportunidades y mejores ofertas laborales, pero también hay quienes migran en busca de asilo.

Asimismo, es importante mencionar que en los últimos años ha habido un proceso de feminización del fenómeno migratorio, el cual llama a considerar las necesidades específicas de este colectivo bajo un marco de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Por otra parte, la ausencia de prioridad otorgada en la agenda de gobierno a estas materias lleva a una total invisibilización de las dificultades que los migrantes padecen en el acceso a servicios de primera necesidad, así también como a la participación ciudadana y al codesarrollo. Es por ello que este informe da a conocer la necesidad que tiene Chile de detenerse a pensar en una política pública de integración y acogida al migrante con enfoque centrado en los derechos humanos, con una mirada a largo plazo y desde un abordaje intercultural e intersectorial.

Un aspecto que indudablemente dificulta el acceso a los servicios por parte de las personas migrantes es la discriminación. Conductas que obstaculizan no sólo el acceso a los sistemas de salud, empleo, vivienda y educación de los migrantes, sino también enlentecen el proceso de integración a la sociedad de aco gida.

Esta afirmación es apoyada por los resultados de un informe de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el que ha denunciado ciertas conductas discriminatorias en Chile, incluidos algunos incidentes de xenofobia. Dicha Relatoría también ha resaltado el deber del Estado chileno de poner más atención en el cumplimiento de los convenios y declaraciones que ha ratificado.

Cabe recordar que Chile ha ratificado y publicado un número amplio de tratados y convenciones que le comprometen con los derechos humanos de la población en general y de la población migrante en particular. Se hace también necesario que se impulsen reformas legales y reglamentarias que permitan adecuar la legislación interna a los estándares del derecho internacional garantizados en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los migrantes.

Como parte de la legislación interna que debe necesariamente ser revisada con urgencia está la llamada Ley de Extranjería, pues dicho decreto de ley –establecido por la dictadura militar- está lejos de constituir una política migratoria basada en los derechos humanos, y se centra básicamente en aspectos relativos al otorgamiento de visas y el establecimiento de criterios en relación al ingreso y/o expulsión de extranjeros del país. Estos criterios lamentablemente entregan un poder de discrecionalidad muy amplio a los funcionarios que la ejercen, presentándose problemas de arbitrariedad en el proceso de selección de quienes ingresan por paso fronterizo autorizado.

De esta manera, la elaboración de un Plan Nacional de Integración Social con el foco puesto en los derechos humanos es una necesidad que debe concretarse para efectivamente considerar al migrante como sujeto de derecho.

Dicho Plan debe plantearse sobre la base de un modelo de participación e interculturalidad muy diferente a las actuales prácticas asistencialistas que hoy existen, y que constituyen una mirada parcial de las necesidades que tienen los migrantes en un contexto de protección a sus derechos.

Finalmente, las recomendaciones que plantea el informe “Los Derechos Humanos y la migración en Chile” son un punto de partida para aunar voluntades y trabajar por la elaboración de un pacto social común, donde todas las y los migrantes sean ciudadanos plenos con igualdad de derechos, independientemente del lugar de nacimiento y país de residencia.

Este informe se elaboró en el marco del proyecto " Discriminación en Chile en un Contexto de Globalización Económica. Una Propuesta de Trabajo desde los Derechos Humanos y la Interculturalidad", que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea. Su impresión contó, además, con la colaboración de Australian AID.