Proteger los derechos de los desplazados internos de Somalia

Amnistía Internacional ha manifestado su satisfacción por el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos por el representante del secretatio general de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos tras su visita a Somalia en octubre de 2009 (A/HRC/13/21/Add.2). La organización comparte la preocupación del representante e insta a las partes del conflicto de Somalia, a la Unión Africana, las Naciones Unidas y los donantes internacionales a poner en práctica las recomendaciones contenidas en el informe.

Esta declaración expone más detalladamente las preocupaciones de Amnistía Internacional respecto a la situación de los derechos humanos en Somalia, centrándose especialmente en los desplazados internos.

En Somalia, la población civil es la que soporta principalmente las consecuencias del conflicto armado entre los grupos armados, por un lado, y las tropas del Gobierno Federal de Transición y las fuerzas aliadas, por el otro. La ONU estima que en Somalia hay 1,5 millones de desplazados internos, de los que 1.380.000 se encuentran desplazados en el sur y el este del país, las zonas azotadas por el conflicto armado. Desde enero de 2010, según grupos de la sociedad civil somalí, unos 29.000 civiles han huido de los enfrentamientos armados que, en la zona de Dhusamareb, en el centro de Somalia, mantienen el grupo armado de oposición Al Shabaab y el grupo aliado del gobierno Alhu Sunna Waal Jamaa; otros 25.000, según cálculos, se han desplazado a causa de los combates entre esos mismos grupos por el control de Beletweyne, una ciudad del centro de Somalia; y miles de civiles huyen de la capital, Mogadiscio, ante la ofensiva anunciada por el Gobierno Federal de Transición contra grupos de oposición armada. 

Los desplazados se encuentran en una penosa situación, sin acceso, o con un acceso limitado, a ayuda humanitaria fundamental. También están expuestos a sufrir graves abusos contra los derechos humanos en su huida, pues la mayoría son mujeres y niños. El representante del secretario general señaló que las agresiones, las violaciones sexuales y la violencia doméstica son abusos habituales contra las personas desplazadas. Amnistía Internacional ha recibido informes de violaciones sexuales de civiles que huían de los combates de Dhusamareb en enero de 2010. Especialmente preocupantes resultan los informes recibidos por el representante sobre el reclutamiento en las fuerzas armadas de niños que viven en asentamientos de desplazados internos en el sur de Somalia.

Desplazamiento como consecuencia de graves abusos contra los derechos humanos

El conflicto armado y los abusos relacionados con él son una causa importante de desplazamiento. Los grupos armados de oposición han seguido cometiendo abusos graves contra los derechos humanos, y a una escala mayor, si se compara con 2009. Lanzan ataques contra y desde zonas civiles densamente pobladas, y utilizan morteros y artefactos explosivos improvisados en zonas urbanas que los civiles frecuentan o en las que residen. Se han recibido denuncias de que los grupos armados de oposición han asesinado a personas sospechosas de simpatizar con el gobierno, por ejemplo en Beletweyne a finales de enero de 2010. Los grupos armados intimidan a periodistas, activistas de la sociedad civil y trabajadores humanitarios, quienes a menudo reciben amenazas de muerte que se creen procedentes de grupos armados de oposición. En las zonas bajo su control, los grupos armados han impuesto a periodistas y agentes de la sociedad civil drásticas normas, y han cerrado emisoras de radio. A consecuencia de ello, la información que la comunidad internacional recibe sobre la penosa situación de los desplazados internos es limitada.

Además, hay informes persistentes sobre el reclutamiento generalizado de niños soldados por parte de grupos armados de oposición, como se mencionó anteriormente, y sobre las restricciones impuestas a la vestimenta de las mujeres y a la libertad de circulación en las zonas controladas por los grupos armados de oposición. Estos grupos son también responsables de una práctica habitual de homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos, incluidas muertes por lapidación de hombres y mujeres, ejecuciones públicas, amputaciones y flagelaciones, uso de órganos cuasijudiciales ilegales y arbitrarios, y aplicación de su propia interpretación de la ley islámica.

Asimismo, hay informes persistentes sobre abusos graves por parte de las fuerzas del Gobierno Federal de Transición, e incluso de tropas de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) en Mogadiscio. Amnistía Internacional sigue recibiendo informes similares a los expuestos en su informe por el representante del secretario general. Estos informes se refieren principalmente a los bombardeos indiscriminados de zonas civiles de Mogadiscio por fuerzas del Gobierno Federal de Transición y AMISOM, en respuesta a ataques de grupos armados. Tanto civiles como agentes de la sociedad civil han informado de que, desde las bases del gobierno y AMISOM en Mogadiscio, se dispara habitualmente con morteros y otra artillería pesada en la dirección general de los atacantes. En esos bombardeos mueren y resultan heridos civiles, incluidos desplazados que se encuentran en Mogadiscio.

La impunidad aviva los abusos y desplazamientos

Es fundamental que el gobierno y AMISOM se tomen en serio estas denuncias y ordenen públicamente a las fuerzas de seguridad bajo su mando que no perpetren ataques que no distingan entre civiles y objetivos militares. La comunidad internacional, que respalda al gobierno y a AMISOM, debe pronunciarse más claramente sobre esos abusos y debe garantizar que se crean mecanismos de supervisión encargados de investigar de forma independiente estas denuncias.

Amnistía Internacional cree que el conflicto armado y los desplazamientos en Somalia continuarán hasta que se tomen medidas serias para abordar la impunidad generalizada con la que se cometen actos que constituyen crímenes de guerra. La organización ha recibido con satisfacción el apoyo del representante del secretario general al establecimiento de una comisión de investigación independiente que examine los graves delitos cometidos en Somalia. El Gobierno Federal de Transición, en virtud del acuerdo de paz de Yibuti de 2008, se ha comprometido a abordar la justicia y la reconciliación, y debe tomar medidas prácticas para aplicarlo. La comunidad internacional también debe encabezar el establecimiento de un mecanismo creíble para abordar la impunidad en Somalia, un mecanismo que pueda contribuir a poner fin al ciclo de violencia contra la población civil.

Falta de acceso humanitario

El acceso para hacer llegar ayuda humanitaria a los desplazados internos que necesitan urgentemente comida, agua, cobijo y atención médica es limitado y, en algunos lugares, inexistente. Aparte de un contexto general de inseguridad y violencia indiscriminada, el trabajo de las agencias humanitarias se ha visto obstaculizado por los homicidios selectivos de trabajadores de ayuda humanitaria y por los estrictos límites impuestos a su labor. Amnistía Internacional ha concluido que, de los 46 casos de homicidios de trabajadores de ayuda humanitaria cometidos en 2008, la mayoría eran homicidios selectivos. La mitad de ellos fueron cometidos por miembros de grupos de oposición armada, incluidas las milicias de Al Shabaab, según la información reunida por Amnistía Internacional. Es preciso abordar la impunidad por estos crímenes. En 2009, otros 10 trabajadores de ayuda humanitaria fueron asesinados.

El acceso a las personas que necesitan ayuda humanitaria de emergencia también ha sido limitado, ya que las partes del conflicto lo han obstaculizado. En 2009, los grupos armados de oposición fueron los principales responsables de restringir las operaciones de ayuda humanitaria. Estos grupos realizaron declaraciones amenazadoras contra trabajadores de ayuda humanitaria internacionales y somalíes, e impusieron condiciones a las agencias de ayuda humanitaria, como por ejemplo prohibirles la contratación de mujeres entre su personal.

Tal como ha señalado el representante del secretario general en su informe, la comunidad internacional tiene también cierta responsabilidad en cuanto a la reducción de la ayuda humanitaria prestada a las personas desplazadas por el conflicto en Somalia. En 2009, el procedimiento de llamamiento unificado de la ONU para Somalia se dotó con sólo la mitad de su presupuesto, y los proyectos relativos a la protección de la población civil no han recibido suficientes contribuciones de los donantes.

Amnistía Internacional pide a los países donantes que financien en su totalidad los proyectos humanitarios para Somalia, incluidos los relativos a la protección de la población civil.

Recomendaciones

Amnistía Internacional respalda las recomendaciones formuladas por el representante del secretario general en su informe, e insta a todos los agentes pertinentes a ponerlas en práctica. La organización recomienda, en particular, que:

• todas las partes del conflicto cesen de inmediato los ataques directos contra civiles y los ataques indiscriminados y desproporcionados que causan muertes y heridas a civiles, destrucción de casas y desplazamientos;

• todas las partes del conflicto permitan el acceso seguro, oportuno, incondicional y sin obstáculos de las agencias humanitarias a todos los desplazados internos y los civiles que necesitan ayuda en Somalia;

• el Gobierno Federal de Transición, las Naciones Unidas y la comunidad internacional tomen medidas urgentes y concretas para establecer una comisión de investigación independiente, o un mecanismo similar, para abordar la impunidad por los delitos contemplados por el derecho internacional cometidos en Somalia;

• la comunidad internacional preste pleno apoyo y financiación para los programas humanitarios en todas las zonas que albergan a somalíes desplazados.