AMENAZAS DE MUERTE CONTRA ACTIVISTAS COLOMBIANOS

Sr. Presidente Santos, Sr. Ministro Rengifo, Señor Embajador, Me dirijo a Usted a fin de expresarle mi profunda preocupación por unos defensores de los derechos humanos que recibieron amenazas de muerte referidas a otros defensores y defensoras de los derechos humanos de Colombia. Los miembros de estas organizaciones corren peligro. El 20 de junio, a las 4:44 de la tarde, el equipo de comunicaciones de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización de derechos humanos que respalda a las comunidades civiles en las regiones en conflicto de Colombia, recibió un mensaje de texto SMS. Muchos de los miembros de esta organización han sido asesinados, torturados u obligados a huir de sus casas por las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares. El mismo 20 de junio, Ayda Quilcué, ex dirigente del Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), recibió una amenaza de muerte mediante SMS en su teléfono móvil. El mensaje mencionaba a otras organizaciones de derechos humanos y sindicatos, a los que acusaba de pertenecer a grupos guerrilleros y a los que amenazaba de muerte. En la página siguiente encontrarán información más detallada sobre estas organizaciones. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha estado recibiendo protección del gobierno a causa de los peligros a los que se enfrenta por su trabajo de defensa de los derechos humanos. El teléfono que recibió el mensaje se utiliza en el contexto de su trabajo, y ha sido proporcionado por la Unidad de Protección Nacional del Ministerio del Interior (a la que pertenece oficialmente). La Comisión Intereclesial ha expresado formalmente su preocupación en varias ocasiones y ha solicitado reunirse con las autoridades pertinentes para hablar de la falta de aplicación adecuada y lo insuficiente de las medidas de protección asignadas. Esta amenaza de muerte contra la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha venido precedida de una serie de incidentes en los que sus miembros han sido intimidados, acosados, seguidos y vigilados por individuos desconocidos. Por todo lo expuesto expreso mi preocupación por los miembros de las organizaciones mencionadas en las amenazas de muerte e instando a las autoridades a tomar medidas adecuadas para protegerlos, de estricta conformidad con los deseos de las personas afectadas; Pido a las autoridades que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre estas amenazas y todos los incidentes anteriores. Esto es especialmente importante habida cuenta de que el teléfono móvil en el que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz recibió la amenaza de muerte pertenece oficialmente a la Unidad de Protección Nacional. Pidiendo que se hagan públicos los resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia; Por último recuerdo a las autoridades colombianas que deben cumplir con sus obligaciones respecto a la protección de quienes defienden los derechos humanos, establecidas en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998. Atentamente,