El 21 de octubre de 2008, Saúl Becerra Reyes y otros cinco hombres fueron detenidos por unos soldados cerca de su casa de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. Los testigos vieron cómo unos soldados de uniforme detenían a los seis hombres y confiscaban tres vehículos, uno de ellos propiedad de Saúl Becerra. Durante los cinco días siguientes, la compañera de Saúl Becerra Reyes, Brenda Patricia Balderas, acudió a buscarlo a la Procuraduría General de la Nación (PGR), a cuarteles del ejército y a comisarías municipales. Todos los funcionarios afirmaron no saber nada de las detenciones ni del paradero de los hombres.
Tras ser torturados y retenidos ilegalmente durante cinco días en un cuartel del ejército, el 26 de octubre cinco de los detenidos fueron puestos bajo la custodia de la PGR y acusados de delitos relacionados con drogas y armas de fuego. Saúl Becerra no fue transferido. Los tres vehículos confiscados por los soldados el 21 de octubre, entre ellos el de Saúl Becerra, también fueron entregados a la PGR. Los militares no hicieron ninguna referencia a él, a pesar de que uno de los vehículos le pertenecía.
El 27 de octubre, Brenda Balderas visitó a los cinco detenidos y vio que todos presentaban claras señales de contusiones. Según uno de los detenidos, a los seis hombres, incluido Saúl Becerra, les habían vendado los ojos y los habían torturado en el cuartel.
Ese mismo día, Brenda Balderas trató de denunciar al ejército por secuestro y detención ilegal en dependencias de la PGR en Ciudad Juárez, pero los funcionarios de este organismo se negaron a tramitar la denuncia. Brenda Balderas también presentó quejas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el momento de redactarse esta circular, más de un año después, la CNDH no había terminado su investigación ni informado a Brenda Balderas del estado del caso.
El 6 de noviembre, Brenda Balderas presentó un recurso de amparo ante una corte federal. Se llevaron a cabo inspecciones de varios centros de detención civiles y militares, pero no se encontró a Saúl Becerra. Finalmente la corte federal admitió como prueba el testimonio de un detenido que había visto a Saúl Becerra bajo custodia militar. El ejército siguió negando que Saúl Becerra se hallara bajo custodia, y el tribunal no tomó más medidas para averiguar su paradero.
A comienzos de marzo de 2009, el cadáver de Saúl Becerra apareció en las afueras de Ciudad Juárez. El certificado de defunción emitido por las autoridades señalaba que había muerto el 22 de octubre de 2008 (un día después de su detención) a causa de una hemorragia cerebral por traumatismo craneoencefálico. La corte federal cerró las actuaciones de búsqueda y remitió el caso a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, que no ha tomado medida alguna parta determinar la responsabilidad del ejército en la desaparición y muerte de Saúl Becerra.
Escriban a las autoridades (al presidente, con copia al secretario de la Defensa Nacional):
- Expresando su preocupación por la desaparición forzada y el homicidio de Saúl Becerra, detenido por el ejército en Ciudad Juárez el 21 de octubre de 2008.
- Instando al presidente a garantizar que las autoridades civiles lleven a cabo una investigación imparcial y efectiva y determinen la responsabilidad del ejército en este caso.
- Exhortándolo a asegurar que la compañera y otros familiares de Saúl Becerra sean informados de los avances que se realicen en el caso y que se les permita aportar indicios a la investigación, a las actuaciones de la fiscalía y al eventual juicio.
- Pidiéndole que se asegure de que se proporcionará más información pública sobre el número de abusos cometidos y las medidas que se han tomado para llevar a los responsables ante la justicia.
Antecedentes:
Amnistía Internacional lleva muchos años documentando graves violaciones de derechos humanos cometidas por todo tipo de fuerzas de seguridad en México y ha hecho hincapié en el uso de la tortura, la detención arbitraria, la desaparición forzada y el homicidio ilegítimo. En el contexto de un reciente recrudecimiento de los abusos cometidos por miembros del ejército desplegados en tareas de seguridad pública y lucha contra las drogas, esta nueva acción, acompañada de un informe público, pretende difundir los abusos crecientes, la inacción de las autoridades civiles y militares a la hora de exigir que los responsables rindan cuentas, y el aislamiento que sufren las víctimas y sus familiares. También trabajaremos para obtener justicia en casos individuales que consideramos representativos de la situación actual. Mediante esta acción, los y las activistas de AI tendrán la oportunidad de sacar a la luz este creciente problema y ejercer presión sobre el gobierno de México para que prevenga y castigue las violaciones graves de los derechos humanos aun cuando sean cometidas en el contexto de la lucha contra la delincuencia.
Destinatario Final:
felipe.calderon@presidencia.gob.mx,dn_sdn@mail.sedena.gob.mx,info@emexico.cl
Carta:
Estimados Señores
Me dirijo a usted para expresar mi honda preocupación por la desaparición forzada y el homicidio de Saúl Becerra Reyes y la desesperada situación en la que se encuentra su familia. Exhorto al Señor Procurador General a tomar todas las medidas necesarias para asegurar que se inicie de inmediato una investigación sobre este homicidio y a que use sus facultades para llevar ante la justicia a los responsables.
Saúl Becerra Reyes y otros cinco hombres fueron detenidos por unos soldados en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, el 21 de octubre de 2008. El 26 de octubre, tras ser torturados y retenidos ilegalmente durante cinco días por el ejército, cinco de los detenidos fueron puestos bajo la custodia de la PGR y acusados de delitos relacionados con drogas y armas de fuego. Saúl Becerra no fue transferido. Tres vehículos confiscados por los soldados el 21 de octubre también fueron entregados a la PGR. Los militares no hicieron ninguna referencia a Saúl Becerra a pesar de que uno de los vehículos le pertenecía.
El 27 de octubre, la compañera de Saúl Becerra, Brenda Balderas, trató de denunciar al ejército por secuestro y detención ilegal en la PGR de Ciudad Juárez, pero los funcionarios de este organismo se negaron a tramitar la denuncia. En marzo de 2009 el cadáver de Saúl Becerra apareció en las afueras de Ciudad Juárez. El certificado de defunción señalaba que había muerto el 22 de octubre de 2008, un día después de su detención. Posteriormente el caso fue remitido a la Procuraduría General del Estado de Chihuahua, que no ha tomado medida alguna para determinar la responsabilidad del ejército en la desaparición y muerte de Saúl Becerra.
Resulta patente que hay indicios sólidos de la participación de las fuerzas armadas en estos hechos.
Insto a Ustedes a asumir de inmediato la responsabilidad del caso y tomar medidas para establecer la verdad y llevar a los presuntos responsables ante la justicia, con independencia de si se trata de civiles o de militares.
La falta de acción urgente sobre casos como éste se traduce en impunidad. De modo similar, remitir este tipo de casos a la jurisdicción militar no garantiza la imparcialidad e independencia necesarias para establecer la verdad y encontrar a los responsables.
Asimismo pido que las autoridades civiles investiguen todas las denuncias de violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por miembros del ejército, violaciones que han sufrido tanto Saúl Becerra Reyes, como otras víctimas a las que aún no se les ha hecho justicia, así como también que soliciten se abra una investigación y se formulen cargos ante las autoridades civiles.
Agradezco de antemano su atención a este importante asunto.
Atentamente,
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Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Residencia Oficial de “Los Pinos”
Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec
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MÉXICO
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