UNA DEFENSORÍA DE LAS PERSONAS PARA CHILE: ¡BASTA DE ESPERAR!

Estimados Senadores, Me dirijo a los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, (senadores Espina, Gómez, Alvear, P. Muñoz y Chadwick) para instarles a cumplir su obligación constitucional de legislar y pronunciarse sobre la creación de la Defensoría de las Personas (Ombudsman) en Chile. En marzo de 2009, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de creación de la Defensoría de las Personas por una amplia mayoría y despertó en el país grandes expectativas ya que, tras 20 años de figurar en la agenda política y formar parte de los compromisos de instrumentos internacionales vigentes, finalmente se contaría con la reforma constitucional necesaria para hacer realidad en Chile, esta institución protectora de los Derechos Humanos y ciudadanos de todas las personas. El proyecto propone el establecimiento de un organismo autónomo, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, con el nombre de Defensoría de las Personas, tendrá a su cargo la promoción y resguardo de los derechos y garantías asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y en las leyes, ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de personas jurídicas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública, en los términos que establezca la ley orgánica constitucional respectiva. Lamentablemente, entregado al conocimiento de la Comisión que Ustedes integran y que deben preparar un informe a la Sala de Senado, y transcurridos más de ocho meses, el proyecto no ha sido discutido ni votado y se ha retirado de la Tabla de las Sesiones. Resulta imprescindible que su Comisión y el Senado se pronuncien, voten y legislen, del modo que estimen más consecuente con sus principios y programas. Solicito a la Presidenta de la República aplicar el trámite de urgencia necesario para evitar argumentos formales que pudieran esgrimirse desde la Comisión, o el Gobierno, de frente a la falta de diligencia en el cumplimiento de obligaciones constitucionales y compromisos programáticos. Les recuerdo que Chile es el único país en América de Sur que aún no cuenta con una Defensoría de las Personas. Por tanto, requiero a los senadores de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, proceda a pronunciarse con urgencia sobre el referido proyecto y someta su informe a votación del Senado, antes del término del actual período parlamentario. Atentamente,